A un mes de que se registrara la tragedia en el antro Rich que costó la vida de dos jóvenes, de que otros tantos resultaran con lesiones de las que aún no logran recuperarse y de que se detuviera a tres personas señaladas como las presuntas responsables del hecho, diversos sectores de la sociedad civil reiteran la necesidad de que se proceda también en contra de los funcionarios estatales y municipales que, por sus omisiones, negligencia, corrupción y hasta complicidad, están involucrados en este lamentable suceso.
A decir del abogado Edgardo Hernández Contreras, el hecho de que, después de lo ocurrido en el Rich se haya procedido con la clausura de distintos establecimientos que operaban con distintas irregularidades, pone en evidencia que las autoridades siempre saben y están conscientes del estatus que guardan estos espacios, sin embargo, se niegan a aplicar la ley, ya sea por conseguir algún beneficio o por completa negligencia. “Pueden clausurar, conocen los lugares y pudieron haber clausurado antes el Rich. Esto se pudo prevenir. Es la corrupción y la impunidad rampante que hay porque se sabe que los inspectores son altamente corruptos» declaró ante medios nacionales.
En ese contexto, consideró que se tiene que proceder penalmente en contra de todos los funcionarios que, de una u otra manera, están involucrados en el caso ya que, además de los dueños del lugar, es claro que también existe una responsabilidad que recae en contra de las autoridades que tienen la obligación de aplicar y hacer valer la ley. “Ellos también tendrían que estar procesados por homicidio culposo. Deben ser consignados por los mismos delitos que se están imputando a los representantes y encargados del antro. Si hubieran hecho bien su trabajo, no habría homicidios culposos ni lesiones graves” afirmó.
Reiteró que existe suficiente información y evidencia para demostrar que existe responsabilidad en contra de los funcionarios por lo que insistió en el llamado para que la Fiscalía General del Estado no se convierta en cómplice de este tema y proceda conforme a derecho en contra de funcionarios estatales y municipales responsables de esta tragedia.
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