Escobar afirmó que durante los 28 meses de este régimen, al menos 301 personas han fallecido en centros penales del país. Destacó que la mayoría de estas muertes fueron violentas, ocurriendo en prisiones como Izalco, La Esperanza y Zacatecoluca, así como en los calabozos de la Policía Nacional Civil.
El 48% de estas muertes, según Escobar, fueron resultado de torturas y violencia, mientras que el 33% fue por negación de tratamiento médico. Aunque SJH ha recibido más de 500 denuncias de muertes en custodia, solo han confirmado 301 casos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que se archivaron 142 casos por considerar que «no constituyen delito». El régimen de excepción, implementado en marzo de 2022, ha sido ampliado en 26 ocasiones debido a la solicitud del Gobierno.
Se han realizado más de 80,000 detenciones en este contexto, con más de 7,000 personas liberadas bajo fianza. Organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de abusos a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.
Amnistía Internacional ha advertido que la violencia estatal en el marco de este régimen está remplazando gradualmente la de las pandillas en comunidades empobrecidas. A pesar de las críticas, esta medida ha sido popular y fue una de las principales promesas de Nayib Bukele para su reelección, a pesar de estar prohibida por la Constitución.
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