De pena fue el operativo diseñado e implementado al interior del Centro Penitenciario de La Pila para trasladar a más de 50 reos, penas las que quedaron por el saldo mortal que arrojó este desafortunado evento en un penal que, es bien sabido, tiene una sobrepoblación alarmante y que no deja de ser una ollita de presión que puede reventar en cualquier momento.
El saldo del motín es preocupante y más cuando se cae en cuenta que quienes implementaron el operativo de traslado, supuestamente expertos en la materia, no lo hicieron correctamente, no verificaron las condiciones al interior y no midieron las consecuencias de exponer a los elementos que quedaron indefensos ante una masa enfurecida de reclusos.
El director de Prevención y Reinserción Social, Arturo Cruz Andrade, es pieza clave cuando se trata de evitar este tipo de hecho, pero nunca apareció en la escena, lo que lleva a pensar que, si hay un responsable, es él. Curiosamente, el Gobierno decidió darle la oportunidad de quedar al frente del mismo penal tras cortar la cabeza de Roberto Hernández Rangel, quien quedó como culpable de la tragedia.
La muerte de los agentes de la Guardia Civil; Francisco y Andrés, debe ser motivo de vergüenza para los jefes policiacios, porque fueron enviados, como coloquialmente se dice, al matadero y, en una decisión equivocada de escritorio, ofrendaron su vida.
La noticia tuvo alcances nacionales e internacionales y debe ser advertencia para que se analicen y revisen las condiciones de los penales y las estrategias de prevención y readaptación social que, tras el episodio de este jueves, dejan de manifiesto que existe un autogobierno y que, simplemente, por superioridad numérica, cualquier grupo de la Guardia Civil queda rebasado.
La costumbre, cuando se van a trasladar reos, implica la colaboración de fuerzas federales, entre ellas Guardia Nacional y Ejército, porque el riesgo de que los operativos sean atacados por quienes se resisten a ser trasladados, es alto. La jornada fue complicada para todos, los agentes caídos serán honrados por la tropa y por sus familias. Descansen en paz.
Cavilaciones:
Primera: Hoy, en la fecha límite, los candidatos a presidentes municipales de San Luis Potosí solicitarán su registro ante el CEEPAC, pero aún hay forcejeos por la integración de planillas. En estos tiempos, ser regidor es codiciado por los que no quieren vivir fuera del presupuesto.
Segunda: Enidia del Carmen Duque Rodríguez fue registrada como suplente de su tía, Rita Ozalia Rodríguez, candidata al Senado de la República. La joven es pareja sentimental del actual diputado federal Kevin Ángelo Aguilar, también arropado por la súper secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Con esas tías, para qué quiere trabajo político.
Tercera: El incendio que ocurrió durante la madrugada del jueves en la casona abandonada de Carranza, donde hace tiempo fue la SEGAM, es una muestra del abandono que enfrenta la avenida, pero es claro que no es un asunto de competencia exclusiva para las autoridades; la casa es propiedad privada, tiene dueño y es él quien no ha asumido la responsabilidad de mantenerla en buenas condiciones. Las autoridades, aunque quieran, no pueden entrar.
