Las ventas en los comercios de la frontera sur de México han registrado una drástica caída del 75% en lo que va del año, según denunció el presidente de la organización Procentro de Tapachula, César Antonio García Jiménez.
García Jiménez destacó que las disputas entre grupos criminales han reducido en un 60% el ingreso de compradores guatemaltecos a la ciudad, ubicada en el límite de México con Centroamérica.
«Anteriormente éramos felices con cuatro ventas al día, pero ahora a duras penas logramos una. Estamos hablando de una disminución del 75% en las ventas debido a la inseguridad, la migración y la reducción del ingreso de un 60% de personas guatemaltecas», afirmó el líder empresarial en una entrevista.
La escalada de violencia refleja la creciente disputa entre grupos criminales en Chiapas, estado ubicado en la frontera sur de México. En febrero, la violencia obligó al cierre de iglesias cristianas en al menos 10 municipios, mientras que a finales de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió enfrentamientos del crimen organizado en zonas arqueológicas como Bonampak y Yaxchilán, donde se encuentran importantes ruinas mayas.
García Jiménez denunció un aumento en los casos de personas decapitadas y baleadas debido a la disputa territorial de los cárteles, ante lo cual destacó la insuficiente labor de la Guardia Nacional y el Ejército.
El representante empresarial hizo un llamado a los líderes religiosos que han pedido un cese al fuego por parte de los criminales. «Como sociedad civil, ya no le pedimos ayuda a la autoridad, porque ni caso nos hace. Le pedimos a la delincuencia organizada que nos ayude. También tenemos hambre y necesidades que atender», expresó.
Los comerciantes y ciudadanos de la región expresaron su preocupación por el abandono de la autoridad federal en materia de seguridad. Arturo Estrada Pérez señaló que «nadie hace nada por detener la inseguridad», mientras que Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, del colectivo ‘Bloque Social Izquierda Nacional Ciudadana’, lamentó la falta de respuesta del Gobierno ante la situación.
Desde 2023, se ha denunciado un ambiente de «guerra civil» en la región, con casos de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados debido a la violencia del crimen organizado, aunque el presidente López Obrador ha defendido la actuación de su Gobierno.
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