Una controvertida iniciativa legislativa ha generado un intenso debate en México, ya que diputados de Morena y el Partido Verde buscan aprobar la Ley de Ciberseguridad, una medida que otorgaría un amplio control al Ejército sobre las labores de monitoreo en internet, permitiendo la eliminación de contenido, vigilancia e incluso «operaciones militares en el ciberespacio».
La propuesta ha levantado preocupaciones debido a que las redes sociales en México son consideradas un espacio crucial para la libertad de expresión, movimientos sociales y críticas a la clase política. La posible militarización del internet representaría un cambio significativo en este panorama.
Según lo contemplado en la iniciativa, el Ejército tendría la capacidad de monitorear las actividades en línea de los usuarios, justificándolo bajo la premisa de prevenir amenazas. Además, se permitiría la realización de «operaciones militares en el ciberespacio», sin especificar los límites de dichas operaciones.
Otro aspecto controversial de la propuesta es la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, controlada directamente por el Presidente o el Poder Ejecutivo, con la autoridad de eliminar cualquier contenido en internet que considere ilícito. Esta agencia tendría la facultad de dar de baja aplicaciones, dominios, sitios web e direcciones IP.
Los nuevos delitos cibernéticos propuestos en la iniciativa también han generado preocupación. Por ejemplo, se contempla hasta seis años de cárcel para quienes «inciten» a la «hostilidad» a través de contenido en internet, así como para quienes «desinformen a la población». Sin embargo, los términos utilizados en la ley son vagos e imprecisos, lo que podría llevar a la criminalización de conductas legítimas o a la persecución de la libertad de expresión.
La propuesta, presentada por el diputado Javier López Casarín del Partido Verde y Morena, está programada para ser votada en febrero de 2024. La iniciativa ha despertado críticas y preocupaciones en diversos sectores, que temen por las posibles repercusiones en la libertad de expresión y en la privacidad en línea de los ciudadanos mexicanos.
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