La ciudad de Acapulco, Guerrero, enfrenta una crisis de transporte público debido a un paro iniciado por los transportistas locales en respuesta a la creciente violencia y extorsiones que han experimentado en los últimos días. Desde el pasado viernes 12 de enero de 2024, los conductores decidieron suspender sus actividades como medida de presión, exigiendo a las autoridades estatales acciones concretas para detener la ola de crímenes en su contra.
A pesar de que se implementó un operativo con la participación de policías estatales y municipales en la costa de Acapulco, los transportistas se mantuvieron firmes en su decisión de no prestar servicio, alegando amenazas continuas por parte del crimen organizado. Incluso, se difundió un audio en el que se amenazaba con quemar vehículos o atacar a los conductores que circulasen por las calles.
Ante esta situación, las autoridades tuvieron que tomar medidas excepcionales, proporcionando patrullas policiales para garantizar la movilidad de la población desde diferentes puntos de la ciudad. La falta de transporte público no solo ha afectado a los residentes, sino que también ha generado complicaciones para el desarrollo de actividades comerciales, educativas y laborales en Acapulco.
En un intento por mitigar el impacto negativo en la movilidad de la ciudadanía, la Guardia Nacional anunció que brindaría servicio de transporte público. A través de sus redes sociales, informaron sobre la implementación de rutas para trasladar a los ciudadanos a lugares de mayor afluencia, facilitando así las actividades cotidianas.
A pesar de estos esfuerzos, la incertidumbre persiste en la región, y las autoridades locales están trabajando para restablecer completamente el servicio de transporte público. La suspensión prolongada podría resultar en pérdidas económicas significativas, estimadas en alrededor de 87 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Acapulco.
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