Parece que a los operadores de los estacionamientos de las plazas comerciales les vale una pura y dos con sal la reciente ley aprobada por los diputados a mediados del pasado mes de diciembre en la que establecieron que esos espacios deberían de ser gratuitos, sobre todo porque las plazas comerciales se dedican, justamente, al comercio, no a rentar espacios de estacionamiento.
El derecho al pataleo no ha sido muy público, pero no ha sido necesario, basta con acudir a alguna de las plazas comerciales para percatarse de que nadie acata la disposición, porque, ciertamente, debe ser muy doloroso dejar un negocio en el que sólo se acepta efectivo y no te dan factura.
La rebeldía de los dueños de los aparcaderos ha sido en corto, nada de ruido mediático, pero una aplicación precisa de las normas que ellos han creado y con las que se mantienen al margen de la ley. Al final, el cliente paga y eso es lo que importa.
Asesores legales de los empresarios del ramo aseguran que los diputados no son competentes para decidir sobre las empresas privadas, así que sólo los primeros días hicieron como que acataban, pero lejos están de cumplir con la disposición.
A estas alturas, hay en esto dos caminos; obligan el cumplimiento a la brava por medio de los Ayuntamientos o hacen efectivos los amparos y todo queda como estaba antes. Lo cierto es que, para cómo están las cosas, lo más seguro es que las cosas sigan igual y que los diputados, una vez más, demuestren que no supieron lo que estaban haciendo.
Según ha adelantado el Ayuntamiento Capitalino, hay por lo menos tres plazas comerciales que impulsaron amparos para no suprimir el cobro de los estacionamientos. Mientras tanto, en redes sociales, los impulsores de los amparos han celebrado y presumido sus logros. Reiteran que la ley en cuestión resulta inconstitucional y que, encima, el problema generado se desprende de una ocurrencia.
Lo cierto es que muchas plazas sí se pasan. Quizá la eliminación del cobro fue una medida excesiva, pero de que hace falta regularlas, sin duda, hace falta. Hay cobros excesivos y no existe ninguna garantía. Ese es el tema en el que debieron concentrarse los legisladores sí querían resultados.
Cavilaciones:
Primera: Por los pasillos de Palacio de Gobierno corre la versión de que el perfil falso del secretario de Finanzas, Omar Valadez Macías, también es obra de la jefa de redes de la Secretaría General. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia.
Segunda: En 2019, grupos feministas hicieron tremendo escándalo porque la Secretaría de Cultura programó la presentación del poeta Hugo Lázaro en el Centro de las Artes. De pedófilo, misógino y machista no lo bajaron. Tanta fue la presión que lograron cancelar la presentación. Ayer, 4 de enero, se presentó Till Lindemann en el mismo recinto, el Centro de las Artes. Ninguna mujer levantó la voz para pedir que se cancelara el concierto por las denuncias de acoso, abuso y agresiones sexuales que pesan en contra del exvocalista de Rammsteim. Qué raro.
Tercera: Entre muchas elecciones que habrá este año, los diputados también deberán elegir un nuevo fiscal o reelegir a José Luis Ruiz contreras. Hay dos historias escatológicas de un hombre y una mujer que lo quieren sustituir. En fin, ese será tema de la próxima legislatura porque la elección deberá celebrarse en octubre.
