Las protestas surgen por la aprobación del contrato con Minera Panamá, para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. Este contrato fue considerado inconstitucional por la sociedad civil debido a la falta de consulta y transparencia en su aprobación.
El contrato original, firmado en 1997 con Petaquilla S.A., fue cuestionado por su ilegalidad, sin embargo, la sentencia de inconstitucionalidad no se hizo efectiva hasta 2021, permitiendo que la empresa ampliara sus operaciones. El nuevo acuerdo con la empresa canadiense, First Quantum Minerals, se realizó sin consulta ciudadana, generando rechazo.
La explotación de la mina representa una amenaza al medio ambiente y territorio protegido. Los ciudadanos temen la degradación del agua y aire, afectando la cobertura vegetal y vulnerando el potencial turístico y ecológico del país.
El contrato genera un enclave con concesiones a la empresa, lo que se percibe como una pérdida de soberanía y un cambio en el modelo económico del país, priorizando la extracción sobre otras actividades como el turismo ecológico.
Las protestas también reflejan el descontento acumulado por malversación de fondos, falta de transparencia en la política y el creciente costo de vida. Los panameños exigen la suspensión de las operaciones mineras hasta que se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad pendientes.
A pesar de los intentos del gobierno por calmar las protestas, anunciando una consulta popular para derogar la Ley 406, la propuesta no fue bien recibida. La sociedad civil denuncia irregularidades en el proceso de aprobación del contrato y se mantiene firme en su rechazo. La empresa minera defiende su compromiso ambiental y los beneficios económicos para el país, pero las manifestaciones continúan, anticipando un conflicto prolongado.
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