Uriel Carmona, fiscal de Morelos, se encuentra en el ojo del huracán nuevamente, esta vez por acusaciones de ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado su desafuero debido a que se encuentra en su cargo sin cumplir con los requisitos básicos, incluyendo la aprobación de evaluaciones de control y confianza y su presencia en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
A pesar de que la legislatura anterior dictaminó en 2021 que Carmona no tenía fuero, una controversia constitucional presentada por el Congreso local cambió esa decisión, llevando a la solicitud de desafuero por parte de la FGR. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha dado luz verde para reanudar el juicio de desafuero, en atención a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en julio pasado.
Durante los próximos siete días hábiles, tanto la FGR como la defensa de Carmona tendrán la oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas. Posteriormente, se llevará a cabo un período de 30 días para analizar el expediente antes de tomar una decisión final.
Este proceso de desafuero se suma a las acusaciones anteriores que enfrenta Carmona. Además de las acusaciones de ejercicio ilícito del servicio público, el fiscal de Morelos ha sido vinculado a procesos por el feminicidio de Ariadna Fernanda y por tortura en grado de coautoría. Aunque Carmona ha afirmado su inocencia y ha expresado su deseo de limpiar su nombre, el caso sigue siendo motivo de gran controversia y atención pública.
En una entrevista reciente, Carmona no descartó la posibilidad de renunciar a su cargo, pero hasta el momento sigue ocupando su posición como fiscal de Morelos mientras enfrenta las acusaciones en su contra. La situación continúa siendo objeto de vigilancia y debate en México, a medida que se espera una resolución en el juicio de desafuero y en los casos judiciales pendientes.
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