La directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Susana Pérez Cadena, hizo revelaciones impactantes ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Según sus declaraciones, el Inegi se vio obligado a pagar al crimen organizado en algunas zonas del país para llevar a cabo las encuestas del Censo Agropecuario 2022.
Pérez Cadena detalló las diversas estrategias utilizadas para realizar los censos, incluyendo el pago a grupos delictivos para obtener acceso a ciertas áreas. Aunque mencionó que en algunos casos las cifras pagadas eran pequeñas, la situación plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la imparcialidad de los datos recopilados.
«Hay muy diversas estrategias, desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona donde se está censando y que además sea conocida de esa gente, quienes podrían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia. Y con eso, pues, la verdad la entrada a todos los lugares es muy sencilla», explicó Pérez Cadena.
La funcionaria del Inegi también reveló que durante el proceso del Censo Agropecuario 2022, un funcionario del instituto fue secuestrado durante varios días, y solo fue liberado después de pagar una cuota al crimen organizado. Afortunadamente, después de ese incidente no se registraron más situaciones similares, según Pérez Cadena.
La inseguridad en varias zonas del país se señaló como el principal obstáculo para llevar a cabo el censo. Esta problemática no es nueva y se ha vuelto especialmente evidente en las zonas rurales. La situación plantea interrogantes sobre cómo garantizar la seguridad de los censistas y la integridad de los datos en medio de un contexto de violencia y delincuencia.
