Este movimiento de prisioneros a una cárcel de máxima seguridad, ha generado diversas críticas de organizaciones de derechos humanos, como parte de la estrategia de seguridad. En los últimos meses se han capturado cerca de 60 mil pandilleros, pero también se acusa al Gobierno de violar los derechos humanos.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se incluyen el hacinamiento extremo, la falta de garantías, detenciones masivas e incluso muertes bajo custodia. Miles de personas incluidos menores de edad, han sido detenidos y procesados.
El traslado llega precisamente en un momento en el que una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos señala a dos altos funcionarios del Gobierno de haber negociado una reducción de las muertes entre los años 2019 y 2021. Dicho documento, revelado recientemente por el Departamento de Justicia, indica que se negoció durante estos años para reducir los homicidios en el país, para así beneficiar la imagen publica de Bukele.
