Con la finalidad de establecer como robo calificado, la sustracción de bienes en una institución educativa, la diputada Martha Patricia Aradillas presentó, a nombre de las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México; del Trabajo; y de la representación de Nueva Alianza, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.
De esta manera, se establecen agravantes para quienes cometan el delito de robo a una institución educativa en cualquiera de sus niveles, y se considerará como robo calificado; además de que quien lo cometa no será sujeto a suspensión condicional de la pena.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se indica que el robo cometido a una institución educativa atenta drásticamente contra el proceso educativo, pues impide que maestros y educandos consoliden la tarea de enseñanza- aprendizaje por no contar con los elementos necesarios, como el mobiliario y equipo tecnológico con el que han sido equipadas las escuelas para este objetivo.
Además genera un estado de incertidumbre y temor a los educandos pues, los convierte en víctimas de la criminalidad, sobre todo a los menores de edad, para quienes puede ser un evento de vida crítico altamente aversivo.
Una consecuencia más del robo a las instituciones educativas tiene que ver con el psicológico, pues genera estrés a maestros, alumnos y padres de familia, quienes en un caso extremo podrían dejar de enviar a sus hijos a la escuela como un comportamiento preventivo, ante la desconfianza.
Se indica que una manera de inhibir la ejecución del delito que nos atañe es privando al infractor del beneficio de la libertad condicional, pues en muchos casos salen más motivados para delinquir, al haber librado la prisión.
De la misma manera esta propuesta busca aumentar la penalidad a razón de que los posibles infractores se vean en la imposibilidad de obtener beneficios como la libertad condicional y se vean disuadidos ante la posibilidad de pasar una larga temporada en la cárcel.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
