En contubernio con distintas autoridades, entre ellas el exgobernador Juan Manuel Carreras López y la expresidenta municipal de Matlapa, Karina Rivera Obregón, la Décimo Primera Delegación de la Fiscalía General del Estado habría fabricado supuestos culpables de abuso sexual que después se utilizaron como bandera política para ganar popularidad entre la ciudadanía; así lo refiere una denuncia en la que se exhibe la red de funcionarios municipales, de la administración 2018-2021 del Ayuntamiento de Matlapa, que, junto a funcionarios estatales del carrerato y de la Fiscalía General del Estado, inventaron denuncias y armaron expedientes a conveniencia para detener a varios profesores de primaria y preescolar de dicho municipio.
«Desde hace varios años se usa el mismo modus operandi; a los profesores los acusan de abuso sexual, dicen que tocan a los niños, pero no es verdad. Los mismos niños dicen que no es cierto, que los maestros nunca les hicieron nada y que eso de que los tocaron es algo que les pidieron que dijeran» refiere uno de los denunciantes quien, como muchos padres de familia, cayó en el engañó y, en un primer momento, creyó que su hijo había sido víctima de un profesor.
Según refieren, las denuncias han sido siempre iniciadas por el mismo grupo de padres de familia quienes, curiosamente, tienen o han tenido distintos cargos en el Ayuntamiento de Matlapa, sobre todo en la administración de la expresidenta Karina Rivera.
En uno de los casos más recientes, ocurrido en octubre de 2019, detallan que un señor de nombre Guadalupe acudió ante la delegación Décimo Primera de la Fiscalía, ubicada en Tamazunchale, a denunciar que su hijo había sido víctima de un ataque sexual en el jardín de niños de Matlapa. Sin revisiones médicas, sin valoración y sin pruebas, de un momento a otro, agentes municipales de Matlapa y de la misma Fiscalía montaron un operativo para apresar al imputado cuando salía de dar clases.
Aprovechando la conmoción, se ordenó que todos los niños del preescolar acudiera a la Unidad Básica de Rehabilitación de Matlapa para que fueran valorados por una psicóloga de nombre Araceli quien, pese a no contar con la formación adecuada y ni siquiera tener cédula profesional, determinó que todo el grupo, cerca de 28 niños, habían sido violentados. Insistente, la misma persona, ordenó a los padres de familia que, de manera inmediata, acudieran a la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente.
Explican que no todos los padres de familia creyeron en la versión de la supuesta psicóloga ya que sus hijos no mostraban signo alguno de agresión, sin embargo, para no quedarse con la duda, solicitaron la opinión de médicos externos quienes confirmaron que, en efecto y por fortuna, los niños gozaban de excelente salud y no tenían indico de agresión alguna. En contra parte, algunos padres confiaron en lo que les dijo la trabajadora de la UBR y denunciaron el supuesto ataque.
Con estas denuncias, manejadas de manera irregular, según la opinión de distintos abogados, la Fiscalía ha mantenido preso durante casi tres años al profesor, a pesar de que, a la fecha, no se le ha logrado comprobar ninguna de las acusaciones, pues el juicio y el proceso en general ha mostrado un sinfín de irregularidades entre las que se cita el hecho de que el juez ha rechazado testimonios y pruebas cruciales que demostrarían la inocencia del imputado.
Como él, aseguran, hay y hubo otros profesores que, de la nada, fueron acusados de haber violentado a los niños y, de igual manera, sin darles el derecho de defenderse, han pasado varios años en prisión. Uno de ellos, incluso, recientemente recuperó su libertad tras varios años de litigio en los que, pese a todas las trabas, pudo demostrar que las acusaciones nunca fueron reales.
Cercanos a estos casos coinciden en señalar que en varias ocasiones ha sido posible ver un tinte político muy marcado pues, por ejemplo, en el caso de octubre de 2019, la entonces alcaldesa Karina Rivera encabezó una serie de manifestaciones para demandar a la Fiscalía que se procediera en contra del presunto culpable, que se le diera agilidad a la denuncia que había presentado uno de sus trabajadores y, desde luego, a las que motivó la supuesta psicóloga. Lo anterior, refieren, con la intención de ganar simpatía entre los ciudadanos de Matlapa como parte de sus planes para reelegirse. Tan amplia sería la red que estas mismas versiones aseguran que el propio Juan Manuel Carreras y, claramente, los responsables de la delegación de la Fiscalía, también estarían involucrados en este perverso plan que, a la fecha, mantiene presos a varios docentes a los que no se les ha demostrado la culpabilidad, pero tampoco les han dado la oportunidad de defenderse.
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