A piedra y lodo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, encabezada por Juan Carlos Torres Cedillo, intenta ocultar las anomalías, irregularidades y posibles corruptelas que se gestan en la presente administración, pues, sin importarle que viole los derechos de la ciudadanía, se empeña en negar el acceso a la información pública, no conforme con ello, también hostiga a los solicitantes y hasta lo amenaza con levantar “medidas” en su contra si es que continúan con sus investigaciones, tal como le sucedió al general y activista Jesús Piña Fraga.
El agraviado refiere que, en días pasados, acudió a la dependencia estatal para oficializar una nueva petición de información sobre diversos temas de interés públicos, sin embargo, desde el ingreso al edificio se observan las inconsistencias, pues en un burocrático proceso y con un sinfín de innecesarias revisiones, los retienen en la entrada preguntándoles en todo momento el motivo de la visita, sin embargo, lo peor ocurre cuando responden que es para una solicitud de información, hecho que enciende todas las alarmas en la institución al grado de que le asignan a un guardia privado para que lo acompañe a todos lados y en todo momento.
Piña Fraga precisó que, para colmo, luego de tantas preguntas y cuestionarios, les dan un gafete que ni siquiera es de la SEGE, sino de la Secretaría de Salud, con él, supuestamente, pueden pasearse por el edificio sin problemas.
Por desgracia, el calvario no termina aquí, apenas empieza. En la Dirección Jurídica, lejos de mostrar apertura y garantizar un derecho estipulado en la ley, el personal de la SEGE insiste en cuestionar el motivo de la solicitud y, según ellos, con mucha amabilidad, recomiendan a los ciudadanos que ya no pidan información o, de lo contario, se verían en la necesidad de tomar “medidas” en su contra, además de que los funcionarios aludidos en las solicitudes podrían también iniciar un proceso legal en contra del solicitante.
El general Jesús Piña, quien durante décadas ha sido un promotor y defensor de la transparencia y la legalidad, condenó tajantemente los argumentos que le dieron los funcionarios estatales ya que, además, se negaron a responder la solicitud, en su lugar, le entregaron un documento en el que, descaradamente, le dijeron que no habría respuesta.
Ante estas anomalías, decidió presentar su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, refiere, lo que más le preocupa es el hecho de que una institución se empeñe en ocultar información que debe ser de dominio público cuando, supuestamente, todo lo hacen con transparencia y apegados a la ley.
Seguiremos informado.
