* Están implicados el exgobernador, el exdirector de Pensiones Oziel Yudiche y los dirigentes sindicales de las Sección 26 y 52 del SNTE
New York, USA. – La Corte Federal de Nueva York ordenó congelar 1.5 millones de dólares (un aproximado de 30 millones de pesos) de la Dirección de Pensiones del Estado, fondos que fueron usados, presuntamente, para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y de Joaquín El Chapo Guzmán, a través de empresas fachada.
El escándalo implica al exgobernador Fernando Toranzo Fernández, al exdirector de Pensiones del toranzato y el carrerato, Oziel Yudiche Lara, y a los dirigentes ejecutivos de las Secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
De acuerdo con la información proporcionada, el manejo de fondos se llevaba a Estados Unidos a través de empresas fachada que manejaban brokers especializados mediante un fino entramado que logró infiltrar las finanzas públicas de San Luis Potosí.
A mediados de la administración de Fernando Toranzo, en el 2011, el escándalo estalló cuando se hizo público que el exdirector de Pensiones, Oziel Yudiche, había fundado al menos dos empresas fachada que operaban Daniel Fernández Rojo Filho y Pedro Benevidez (sic), ambos identificados por las agencias investigadoras de los Estados Unidos como expertos financieros al servicio del Cártel de Sinaloa.
Desde 2010, el entonces director de Pensiones, cuya gestión terminó el 26 de septiembre de 2021, habría comenzado la relación con los operadores financieros del Cártel de Sinaloa con el consentimiento de los dirigentes del SUTSGE y de las Secciones 52 y 26 del SNTE que forman parte de la Junta de Gobierno y de la Comisión Especial que autorizaba la inversión de los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de San Luis Potosí.
En su momento, Yudiche aseguró que él sólo cumplió con las instrucciones que le dieron los integrantes de la Dirección de Pensiones y que ignoraba los vínculos de Fernández Rojo y Benevidez, pese a que, desde 2008, la DEA y el Servicio de Impuestos Internos del gobierno americano tenían ya investigaciones sólidas sobre su actividad relacionada con Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente preso y sentenciado en Estados Unidos.
Según la revista Proceso, quien dio a conocer esta información, la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa alcanza a más de 25 compañías fachadas constituidas en el estado de Florida, en los Estados Unidos, y en Panamá, mismas que operaban a través de cuentas bancarias en 12 instituciones financieras altamente efectivas para ocultar y blanquear el dinero proveniente del narcotráfico en casi todo el mundo.
El caso Fernandes Rojo Filho (nombre que le ha dado la justicia americana) continuará en juicio en las cortes federales de Florida y Arizona donde se encuentra desde 2008.
El expediente, en poder de la revista mexicana, asegura que los presuntos operadores financieros del Cártel de Sinaloa utilizaron pirámides de inversión fraudulentas, así como esquemas ponzi, además de inversiones inexistentes en plantas de energía renovable.
De acuerdo con esta información, lograron blanquear exitosamente, por lo menos, 213 millones de dólares. La estrategia era tan efectiva que, al mezclar el fraude piramidal con el tráfico de drogas, resulta prácticamente imposible que se aclare el origen y el destino del dinero.
En la investigación, los fiscales descubrieron que la dupla criminal logró depositar más de 100 mil onzas de oro en dos depósitos de valores en Delaware y en Texas, en una operación prácticamente limpia. Descubierta la trama, los dueños del metal precioso no han asomado la cabeza ni para reclamar un centavo de dólar.
El dinero de 12 mil 292 empleados del Gobierno del Estado, del Poder Legislativo y del Judicial, así como de jubilados, se ha esfumado y, ahora, congelado.
