En medio de la opacidad, la restricción y el manejo sesgado, la Fiscalía General del Estado maneja el proceso que se sigue al exsecretario de Seguridad, Jaime Pineda, por la comisión de presuntos delitos relacionados con ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades, así que la audiencia de vinculación fue a puerta cerrada a piedra y lodo.
Código San Luis pudo acceder hasta la sala de juicios orales, desde donde observó que el acusado, Jaime Pineda, acudió a la audiencia visiblemente más delgado y con oxígeno, aún por las secuelas del covid que lo mantuvo fuera de la actividad pública durante casi un año.
El juez, Javier Pérez, estuvo puntual a las 11:00 de la mañana. Inicialmente autorizó la presencia de nuestro reportero, pero después reculó. El personal de la Fiscalía, que imputa al exsecretario de Seguridad del Gobierno de Juan Manuel Carrera, no había llegado. De manera irresponsable, burlándose del tiempo de los demás, lo que provocó un retraso para el inicio del procedimiento.
En la sala de espera, la esposa del exfuncionario y sus hijos se mostraban nerviosos y evitar hablar con extraños, pero dijeron a Código San Luis que los abogados de Pineda decidieran si hablan o no a los medios de comunicación.
El fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, sólo ha emitido un escueto comunicado respecto al caso que se aferra a mantener en la oscuridad, toda vez que, tratándose de un asunto de interés público, los potosinos merecen conocer los detalles del juicio en el que, además, le imputaron el delito de fraude
Todo indica que la carpeta de investigación contra el exsecretario de Seguridad tiene que ver con el arrendamiento de un inmueble, supuestamente para el uso de oficinas, pero terminó siendo para su uso personal. El inmueble estaba ubicado en Villa Antigua y el monto supera los dos millones de pesos.
Fuentes consultadas por Código San Luis lograron saber que la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término para que el juez de oralidad determine la situación legal, plazo que vence el 17 de febrero a las 10:30 de la mañana. Del lado de la Fiscalía, se desconoce a los litigantes. Del lado del acusado, la defensa la encabeza por Christopher Ordaz Jiménez y Alfredo Montante
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