El Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó ante la Fiscalía Anticorrupción dos denuncias en contra del exalcalde Xavier Nava Palacios, de su tesorero Rodrigo Portilla Díaz, del director de Desarrollo Social, Óscar Valle Portilla, y del director de Obras Pública, Marco Antonio Uribe, por hechos con apariencia de delito en los casos de contratación de luminarias y el arrendamiento de patrullas y otros vehículos para uso de los funcionarios. El monto de los recursos malversados supera los 600 millones de pesos.
Las denuncias se derivan de una investigación de la Contraloría del Ayuntamiento de la capital que encontró evidencias de posibles delitos en el contrato, instalación y destino de 50 mil luminarias, lo que implica también la participación de, por lo menos, tres empresarios, uno de ellos potosino y dos más originarios de Jalisco, accionistas de la empresa Traffic Light que instaló únicamente 30 mil luminarias, 20 mil están en calidad de desaparecidas
Entre otras cosas, se detectó que el contrato original fue modificado en diversas ocasiones, con adendums, lo que permitió que el precio se disparara hasta en un 200 por ciento, observación que, en su momento, hicieron notar algunos de los participantes en el concurso afirmando, en ese tiempo, que Xavier Nava y su pandilla pretendían beneficiar a Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
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El otro expediente se refiere al contrato de 153 patrullas que arrendó el exalcalde por dos años en un contrato por el que pagó 112 millones de pesos inicialmente y que, al término de su gestión, subió a 150.
Las patrullas, que estuvieron guardadas prácticamente los dos años, no sirvieron para combatir la violencia ni el delito pues se convirtió en una de las ciudades más inseguras de México, ello, según datos del INEGI y del SNS.
El contrato de arrendamiento de vehículos incluyó camionetas, autos compactos, cuatrimotos y otras unidades que fueron utilizadas por funcionarios de primer nivel. Las empresas Clear Leasing y Nissan Torres Corzo fueron las beneficiarias de este convenio.
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Felipe Aurelio Torres, como titular de la Fiscalía Anticorrupción, tiene en sus manos el destino legal de los exfuncionarios.
