Por emitir, a través de redes sociales, una serie de comentarios que incitan al odio y la discriminación en contra de un ciudadano que simpatiza con grupos provida de San Luis Potosí, la directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Marcela García Vázquez, y su directora de Capacitación, Lourdes Moreno Estrada, fueron denunciadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de que se tomen cartas en el asunto y se garantice la seguridad y el respeto hacia aquellos grupos con los que no existen coincidencias ideológicas.
El agraviado, Gabriel González Orocio, detalló que, el pasado 6 de noviembre, participó en la denominada Marcha por la Mujer y la Vida, hecho sobre el que publicó una fotografía en sus redes sociales. En la imagen aparecía él mismo con un cartel que decía “Soy la voz de los que no tienen voz”. Señala que dicha imagen fue sustraída por la directora de Capacitación del IMES y replicada en su perfil personal con el mensaje: La voz de los que no tenemos matriz» Las lágrimas de anti derechos son mi bebida favorita. A partir de entonces, reitera en su queja, comenzaron a vertirse infinidad de comentarios en afán despectivo en los que se permitió la agresión, los insultos y la violencia hacia su persona y el resto de las personas que congenian con los grupos provida.
González Orocio señaló que en esta discusión que se mantuvo vigente durante varios días también participó la propia directora del Instituto de las Mujeres, Marcela García, quien, según consta en la queja, se basó en criterios religiosos para juzgarlo y fomentar las muestras de odio en su contra.
«Este no sólo un acto de burla y de lenguaje que incita al odio de un ciudadano cualquiera, sino que además, al provenir de una servidora pública, implica una violación a los derechos de libertad de expresión, asociación y manifestación. Ya que además del tono de burla contra mi persona, hace referencia a mi condición sexual y biológica como una condicionante para poder emitir opiniones en temas de derechos humanos» precisó el denunciante.
Ante esta situación, demandó la inmediata intervención de las autoridades correspondientes a fin de que se tomen cartas en el asunto y se ponga un alto a la violencia y el odio que se está fomentando desde una institución pública, misma que podría conducir a muestras de violencia física y agresiones si no llega a frenarse en lo inmediato.
