En vísperas de las comparecencias que se deberán realizar en el Congreso del Estado para desglosar el Sexto Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras López, diputados del PRIAN pactaron dar inmunidad a una amplia lista de funcionarios estatales, sobre todo a aquellos que se han visto envueltos en escándalos de corrupción y desvíos de recursos públicos, tal como ha sucedido con los titulares de la SEDUVOP, de la SEDARH y de la CEA, entre otros.
Fuentes internas del Congreso del Estado confirman que los diputados del PRIAN Héctor Mauricio Ramírez Konishi, (quien logró reelegirse gracias al respaldo que le dio su padre, Emilio de Jesús Ramírez, desde la CTM) y Rolando Hervert Lara, pactaron en lo oscurito perdonar las tropelías de varios funcionarios con quienes, se asegura, tienen fuertes nexos, la mayoría de ellos por negocios turbios.
Quienes se verán beneficiados con este turbio acuerdo serán, principalmente, Leopoldo Stevens Amaro, quien durante todo el sexenio de Juan Manuel Carreras se mantuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas a pesar de las constantes denuncias de corrupción y desvío de recursos, tráfico de influencias, conflicto de intereses y otras tantas irregularidades pues, por ejemplo, en forma descarada, entregó proyectos millonarios a su propio hijo a costa del erario potosino.
Jesús Alfonso Medina Salazar, director de la Comisión Estatal del Agua, también contará con la inmunidad desprendida de este acuerdo. En su historial se cita el millonario desfalco de La Maroma y el jugoso negocio de El Realito que mantiene sin agua a miles de potosinos.
Por el mismo rumbo está el caso de Alejandro Cambeses Ballina, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Recursos Hidráulicos, a quien se le imputan importantes desvíos de recursos que debieron aplicarse en beneficio de campesinos y agricultores potosinos, fondos catastróficos y una larga lista de programas que nunca llegaron a la gente que más lo necesitaba.
En los pasillos del Congreso del Estado corrió la versión de que, tanto Ramírez Konishi como Hervert Lara tenían especial interés en que se protegiera a ciertos funcionarios durante las comparecencias, que no se les exigieran cuentas claras y que se evitara profundizar en temas altamente delicados, presuntamente porque tienen jugosos negocios en forma conjunta o porque también se vieron involucrados en las mismas corruptelas.
Como se recordará, el Legislativo modificó la ley para que las glosas del Sexto Informe se realizaran en las últimas semanas del gobierno saliente, justamente con la intención de que los funcionarios rindieran cuentas antes de irse, sin embargo, con este pacto, no sólo se les está dando inmunidad, también se evita abundar en los temas más escandalosos que tuvo la administración de Juan Manuel Carreras López.
