Gallardo deberá legitimarse en el ejercicio de gobierno// Está obligado a ser un buen gobernante// El papel de la oposición: ¿Colaborar u oponerse a ultranza?// ¿Se mantendrá la coalición “Sí Por San Luis”?// La oposición desde la sociedad civil: Xavier Nava y el resurgimiento del Frente Cívico.
Ricardo Gallardo Cardona tiene una legitimidad de origen que nació de las urnas. Fue el candidato que más votos obtuvo. Pero ahora el gobernador electo debe conquistar la legitimidad más difícil, aquella que se obtiene en el ejercicio de gobierno, esa que es fruto de hacer bien las cosas. En este contexto ¿Cuál debe ser el papel de la oposición frente al futuro mandatario?
Está probado que un buen candidato no es necesariamente un buen gobernante. El mejor ejemplo lo tenemos en la figura del tristemente célebre Vicente Fox que en el año 2 mil arrasó en las urnas logrando echar al PRI de Los Pinos, pero luego hizo un gobierno desastroso que decepcionó y traicionó a quiénes deseaban un cambio de régimen.
Gallardo va a gobernar a partir de septiembre pero no estará solo es la escena política. Tendrá una oposición permanente. El dilema para los partidos de oposición es decidir si se comportan como una oposición leal al sistema político del que forman parte o si deciden convertirse en un obstáculo permanente e insensato frente a cualquier acción o iniciativa que provenga del gobierno gallardista. Una oposición leal está llamada a colaborar, pero también a participar como una fuerza de contención cuando se ejerza el poder de manera arbitraria, cuando haya desviaciones a la ley o cuando se quebrante el código de ética que caracteriza a un gobierno democrático. La oposición es una fuerza política que participa vigilando, oponiéndose con argumentos y con la ley en la mano a las acciones del gobierno, discutiendo sus orientaciones e influyendo en sus decisiones a través del ejercicio de distintas formas de control, ya sea a través del Congreso del estado, los municipios con un origen partidista distinto al del gobernador en turno y a través del accionar de los partidos contrarios al mandatario. Mucho ayudará a que se generen frenos y contrapesos si la coalición “Sí por San Luis” se mantiene unida y actuante en los próximos años. Esta alianza de partidos representa a miles de ciudadanos que no votaron por Gallardo y está obligada a gobernar oponiéndose.
Ricardo Gallardo ganó la elección con reglas que todos los partidos aceptaron. La autoridad electoral ha reconocido este triunfo y solo falta saber si los Tribunales Electorales validan su victoria o anulan la elección por presuntas irregularidades graves. Mientras esto sucede el gobernador electo ha empezado a actuar pensando en su próximo arribo a Palacio de Gobierno. Hay decisiones fundamentales que definirán el perfil de lo que será su gobierno. Una de ellas es la definición de lo que será su equipo de gobierno. Cada uno de los funcionarios que seleccione Gallardo para ocupar las principales carteras de su gabinete llegará portando en su pecho una historia profesional y política que puede aportar brillo o desprestigio. El equipo que escoja será el primer mensaje que el gobernador electo mande a los potosinos. Gallardo va a gobernar la pluralidad que caracteriza a la sociedad potosina y sabe que estará vigilado por una oposición fuerte y organizada que sabe al dedillo que el poder empuja hasta donde encuentra resistencia.
Así tenemos que aún sin llegar al poder su acérrimo enemigo, Xavier Nava, ya se prepara desde el Frente Cívico Potosino para confrontarlo con estrategias de resistencia civil y pacífica.
De la misma manera la coalición “Sí Por San Luis” será una oposición leal o intransigente dependiendo de si el futuro gobernador decide construir un acuerdo en lo fundamental con ellos o si opta por entrar en una batalla frontal y permanente contra lo que ellos representan. La alianza del PRI, PAN, PRD y Partido Conciencia Popular contarán con 11 diputados en el Congreso del estado, adicionalmente lograron ganar 26 municipios del estado. Esta fuerza política no podrá ser ignorada por el nuevo gobernador. Así que la negociación entre ellos es obligada. El diálogo e inclusión será la solución para lograr una gobernabilidad democrática, incluyente y funcional que permita colocar en el centro de las políticas públicas a los ciudadanos.
