Todas las naciones están enfrentando desigualdades provocadas por un dramático cambio tecnológico, el creciente poder de mercado de las grandes compañías y las feroces presiones competitivas que resultan de la movilidad del capital. La peor crisis de salud mundial en un siglo también ha puesto a prueba a las economías del mundo —en especial a sus finanzas públicas— de maneras extraordinarias. Algunos países están comenzando a salir de la crisis del COVID-19 mientras otros siguen sumidos en sus profundidades. Cada uno de nosotros, en nuestra capacidad como ministros de Finanzas, detectamos dos preocupaciones urgentes que podrían amenazar a todas nuestras economías a pesar de las diferencias entre ellas.
La primera es que a las personas y corporaciones millonarias les está yendo mucho mejor durante esta pandemia que a los que se encuentran en la parte inferior de la escala económica. Los trabajadores y padres con salarios bajos se han visto obligados a elegir entre su salud y la seguridad de sus hijos, por un lado, y sus medios de vida, por el otro. Como resultado, han cargado de manera desproporcionada con la peor parte de los daños económicos de la pandemia. Las pequeñas empresas están sufriendo tras haber cerrado sus puertas para proteger a sus comunidades. Mientras tanto, los ingresos corporativos se han disparado, y los trabajadores y accionistas de altos ingresos han salido de la crisis relativamente ilesos.
El segundo problema es una consecuencia del primero. Los gobiernos necesitan desesperadamente ingresos para reconstruir sus economías y realizar inversiones para apoyar a las pequeñas empresas, los trabajadores y las familias necesitadas. Además, a medida que la pandemia se desvanezca necesitarán más, para abordar el cambio climático y los problemas estructurales a largo plazo. Sin embargo, los ingresos deben provenir de alguna parte. Durante demasiado tiempo, esos ingresos han sido extraídos de forma desproporcionada de los trabajadores, cuyos ingresos son fáciles de reportar y calcular. Los ingresos de capital son más difíciles de fiscalizar porque el capital es móvil y los ingresos son más susceptibles a sofisticadas maromas de contabilidad.
