En tremenda encerrona, la tarde del pasado viernes 26 de marzo, se definió el futuro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado pues, conscientes de lo que estaba en juego, las fuerzas políticas más importantes de San Luis Potosí pusieron sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo en el que todos ganaran con la repartición de siete magistraturas.
Con la representación del PRI, del PAN, de Morena y Sonia Mendoza, cuyas acciones ya no representan a los panistas, sino al Partido Verde o a causas personales, en la encerrona se revisaron los perfiles que podrían impulsarse para cada una de las vacantes que se habilitaron luego de que seis magistrados no fueran ratificados y dos más se retiraran por edad o por haber cumplido 15 años en el cargo, plazo máximo contemplado en la Constitución.
Tras horas de negociación y de ponerle candados al trato para evitar sorpresas de última hora, la repartición quedó de la siguiente manera: dos magistraturas serán para el PRI, dos para el PAN, dos para Morena y la magistratura restante será para Sonia Mendoza quien, como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se puso brava en la negociación hasta conseguir lo que buscaba. Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los candidatos, pero se sabe que se pactó llevar el tema al Pleno la próxima semana, antes del puente de Semana Santa.
El acuerdo para conseguir los 18 votos para cada una de las propuestas fue signado por Martín Juárez Córdova, presidente de la JUCOPO; Rubén Guajardo, coordinador de la bancada del PAN; Alejandro Leal Tovías, exsecretario general de Gobierno, candidato a diputado plurinominal y futuro coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local; Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general de Gobierno; el súper delegado Gabino Morales que ya se hace cargo de la bancada de Morena, y el diputado con licencia Héctor Mauricio Ramírez Konishi que ahora busca la reelección.
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