En un claro agandalle legislativo, diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado pretenden resolver este jueves la iniciativa que busca modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) con trasfondo misógino y dedicatoria para la magistrada María Eugenia Reyna Mascorro.
La iniciativa fue presentada por el abogado Gustavo Barrera López, presuntamente idea del magistrado Juan Ramiro Robledo, fallido aspirante a candidato de Morena para la gubernatura de San Luis Potosí con apoyo de algunos diputados del PRI, especialmente de Beatriz Benavente, presidenta de la comisión que, en forma sospechosa, le dio celeridad al trámite legislativo de la reforma.
La reforma pretende que sea el gobernador quien proponga al presidente del Tribunal, mismo que sería aprobado por el Congreso. Actualmente, la Ley Orgánica del TEJA señala que el presidente será electo por los magistrados integrantes del Pleno en la primera sesión del año siguiente a aquel en que concluya el periodo del presidente en funciones de entre los magistrados que lo integran. Durará en su cargo dos años y podrá ser reelecto para desempeñar el cargo por un año más.
Serán elegibles los magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado
Para este jueves, el dictamen que resuelve procedente la iniciativa está incluido en la orden del día de la sesión de la Comisión de Gobernación en el punto G con el turno 5394.
La urgencia, al parecer, proviene de la necesidad del abogado Barrera de mantener el control sobre ese órgano de justicia e impedir el ejercicio pleno de la magistrada María Eugenia Reyna Mascorro como presidenta, toda vez que la jurista no obedece los intereses del clan que representan Barrera López y Robledo Ruiz.
Bety Benavente, en chats de WhatsApp, afirma que ya sólo falta la Comisión de Justicia para sacar la reforma que le encargaron que debía salir cuanto antes y para cuyo dictamen no hay estudios de fondo ni derecho de audiencia para los magistrados afectados que podrían recurrir a la justicia federal para la protección de sus derechos.
