La Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, campus Ciudad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informó de la publicación del libro, “Protección jurídica e institucional del patrimonio de los pueblos indígenas con enfoque en la huasteca potosina”.
El cuerpo académico compuesto por los doctores Carlos Arcudia, Blanca Torres Espinosa y Sara Berenice Orta Flores, se encargaron desde hace dos años de realizar diversas investigaciones sobre el tema, dando como resultado la publicación del libro.
El libro publicado e impreso por la Maestría de Derechos Humanos que coordina el doctor Alejandro Rosillo Martínez, está compuesto de tres capítulos, en donde cada uno los autores aborda desde sus líneas de investigación diversos temas.
La doctora Sara Berenice Orta dijo que el proyecto tiene el enfoque particular en la protección jurídica del patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas, en lo particular a ella le correspondo abordar el tema del patrimonio territorial, mientras que el doctor Carlos Arcudia abarcó el tema del patrimonio tangible e intangible, en tanto que la doctora Blanca Torres analizó el tema del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La doctora Blanca Torres explicó que la conservación y respeto de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas es fundamental para la preservación de sus tradiciones, costumbres y cultura en general, así como el respeto a su libre determinación, “ya que si bien es cierto que tenemos una constitución, al interior de la comunidades indígenas tienen sus determinación para tomar acuerdos y desiciones, sobre todo en cuanto a nombramientos de sus autoridades, es decir su autogobierno”.
Por su parte el doctor Carlo Arcadia habló sobre la protección de los conocimientos tradicionales etnobotánicos de la huasteca potosina, “nos enfocamos en dos cuestiones, el uso medicinal y su uso para la agricultura”.
Agregó que en el libro se buscó plantear una perspectiva crítica del derecho, “el libro está publicado desde la perspectiva crítica del derecho, los derechos aplicados a los pueblos indígenas son de tercera generación y por lo tanto tienen un tratamiento diferente al paradigma jurídico occidental”.
Ante esta situación la doctora Sara Berenice Orta expuso el caso de una sentencia que ganó una comunidad indígena en el 2016 en la comunidad de La Nueva Palma ubicado entre los municipios de Rayón y Tamasopo en donde un ares de 34,780 hectáreas, más grande que todo el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por ejemplo, tenían una asignación incorrecta como ejido, de manera que con la sentencia a favor de la comunidad indígena se reivindicaron sus derechos por un mal reparto agrario.
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