El último dato de medición publicado por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) asegura que el 78.5% de la población en San Luis Potosí se encuentra en situación de pobreza o con alguna vulnerabilidad por carencia o ingresos. Es decir, 8 de cada diez potosinos no pertenecen al sector privilegiado de la población. Desde luego, hay regiones, como la Huasteca potosina, donde este indicador se incrementa a 95%.
Agreguemos que este panorama empeoró considerablemente durante la pandemia.
Esta proporción de la población con alguna vulnerabilidad social no se debe al poco desarrollo económico de la entidad. Nuestro Estado tiene una de las actividades comercial e industrial más altas del país. En diciembre, por ejemplo, fue una de las primeras entidades en recuperar los empleos perdidos por la contingencia sanitaria. El gobernador sostiene que somos la 5ta economía del país.
Sin embargo, como se sabe, el crecimiento económico, por sí mismo, no genera equidad social. Requiere, por fuerza, del balance efectivo del Estado; por ejemplo, que éste asegure a la población acciones de asistencia Social (como servicios públicos, sanidad o educación). Por eso es válida la consideración del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López: “La obra pública es una acción contundente para acabar con la pobreza. No solamente material sino también espiritual”.
Tiene razón. En su informe de gobierno también aseveró que «aunque se ha avanzado en el combate a la pobreza aún sigue siendo un pendiente por resolver».
De ahí que el Comité Estatal del Movimiento Antorchista ha solicitado a este gobierno obra pública para las zonas y municipios con altos grados de marginación. Todas las peticiones han estado enmarcadas dentro de las facultades de esta administración estatal. No se trata de solicitar prebendas personales para los representantes. No. El gobernador y los secretarios de varias instancias de su gobierno han validado la justificación y pertinencia de la realización de proyectos de obra pública. No solamente en las numerosas mesas de negociación sino también con evidencia documental. Donde se ratifica que las solicitudes emanan directamente del clamor popular. No son, pues, abusos, ni mucho menos inventos.
En resumen, si el gobernador se ha propuesto combatir la pobreza y ha admitido que las demandas de los antorchistas están plenamente justificadas ¿por qué a la fecha nos hemos encontrado con un tropel de justificaciones burocráticas y boicots por parte de sus secretarios de gobierno que impiden la realización de dichas obras?
El profesor Aureliano Gama Bazarte, subsecretario de gobierno, se ha comprometido en innumerables ocasiones para intervenir efectivamente y finiquitar los trámites. Pero al final… nada. Su palabra desgastada ya asoma indolencia y burla.
El secretario Alejandro Leal Tovías se conduce con más diplomacia pero con igual inoperancia: aplaza, promete, justifica, pero al final, evade un compromiso serio.
Y el tiempo ha pasado, hay trámites incompletos y apoyos sociales (como apoyos directos al campo) detenidos que datan de hace años.
Los antorchistas hemos sido pacientes y solícitos para completar la documentación requerida. Y hemos esperado que se cumplan los plazos establecidos por la autoridad estatal. Pero hacen muy poco. Tal pareciera que las medidas de prevención por la contingencia sanitaria son aprovechadas para justificar la inacción y el burocratismo. ¿Los secretarios apuestan al desgaste y a la desesperación de los habitantes para que renuncien a sus peticiones? De ser así, replicarían la actitud de la clase política que ha hundido en la miseria a millones de mexicanos. Simulando un compromiso con su población con el vil propósito de parasitar por años en posiciones políticas sin que su trayectoria deje constancia de acciones que reflejen una verdadera vocación social.
Por último, nosotros somos los primeros en reconocer lo incómodo que representa manifestarnos, primero por las festividades de fin de año que siempre son, a pesar de las adversidades, motivo de reuniones familiares. En segundo lugar, porque el peligro del contagio la Covid-19 no ha cesado. Los funcionarios de gobierno en concreto, Alejandro Leal Tovías y Aureliano Gama Bazarte, secretario general y subsecretario del gobierno boicotean los acuerdos pactados por gobierno. Ellos conocen bien que el crecimiento de la pandemia ha ocurrido precisamente por las condiciones de pobreza que imperan en varias zonas marginadas de nuestro estado. El problema debe solucionarse inmediatamente. Para esto es necesaria la intervención efectiva del gobernador. Debe seguir sosteniendo en los hechos lo que ha defendido de palabra. Mientras tanto la insistencia de los antorchistas no cesará. Vale.
