Hoy es el Día Internacional en contra de la Corrupción. Recordemos que, ante escenarios de crisis, como la pandemia, los riesgos de corrupción se agudizan y solo la acción íntegra de servidores públicos, empresarios, académicos, periodistas y ciudadanos en general podrá minimizar sus efectos.
En un país como México en el que la corrupción el año pasado costó más de 12 mil millones de pesos (ENCIG2019) la corrupción y la impunidad, en su caso más grave, permiten y fomentan la replicación de fenómenos perversos como la captura del Estado por organizaciones criminales o grupos oligárquicos, lo que perpetua un claro efecto negativo en la administración de justicia, seguridad y ejercicio de derechos humanos.
Combatir a la corrupción es una tarea de Estados Nacionales, individuos y del sector privado, pero, qué puede hacerse para disuadir la propensión a ella. Desde principios de este siglo, diversos investigadores han demostrado que la Fiscalización tiene un papel inhibidor de la corrupción. Un estudio a contrataciones de obra pública en Indonesia demostró que las prácticas de corrupción disminuían un 30%, por el sólo hecho de mencionar que habría un proceso de auditoría (Olken: 2007). Además, una auditoría bien ejecutada sirve para sustanciar denuncias y reunir evidencia para sentenciar a responsables de actos de corrupción, lo que genera incentivos para reducir ese tipo de prácticas.
La fiscalización es una tarea fundamental en el combate a la corrupción que, al mismo tiempo, permite el desarrollo institucional y promueve adecuaciones para que estas sean cada vez más eficientes en el cumplimiento de sus objetivos, lo que incrementa los beneficios sociales. Por otra parte, la OCDE señaló que las auditorías de desempeño son un elemento de creciente importancia ya que las evaluaciones de políticas públicas, derivadas de esta labor, aumentan la eficiencia administrativa y mejoran los servicios públicos; y de acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina, solo México y Brasil las realizan de forma permanente. Esta actividad es muy importante para México, país en el que la mayor corrupción, dada la profundidad de los daños a la sociedad, no ocurre en las megaobras de infraestructura, sino en los programas enfocados a reducir la pobreza y la desigualdad (Ríos, 2020), dañando a los más vulnerables.
Una fiscalización con independencia, imparcialidad y rigor técnico repercute en la vida cotidiana de millones de personas. La corrupción y la impunidad no respetan fronteras, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el T-MEC proponen escenarios de cooperación internacional para hacer frente al problema. Trabajar desde lo público, lo privado y hacer que las prácticas inadecuadas tengan consecuencias es necesario y deseable.
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@ClauCorichi
