El 50 por ciento de la plantilla laboral, contratada por honorarios en el Gobierno del Estado se estará quedando sin trabajo a partir del 1 de octubre, mientras que el 20 por ciento de los burócratas de confianza también serían echados a la calle con la finalidad de reducir gastos y enfrentar de mejor manera los descalabros económicos que han tenido las arcas estatales como resultado de la contingencia sanitaria.
Con pánico, molestia y preocupación, entre los burócratas potosinos ha comenzado a circular la noticia de que, a partir del próximo mes, todavía en medio de la pandemia, se estarán quedando sin trabajo aprovechando que el 30 de septiembre vencen sus contratos por honorarios, los cuales, evidentemente, ya no serán renovados. Lo mismo pasará con dos de cada 10 trabajadores de confianza.
La misma angustia aqueja a los directores de áreas pues, durante los meses recientes, la mayoría de los trabajadores de honorarios fueron quienes sacaron adelante el trabajo de planta; los sindicalizados pudieron permanecer en casa dado el riesgo que representa la pandemia.
Esta medida también está siendo bien vista por diversos sectores del mismo Gobierno del Estado ya que, aseguran, con ello se estaría acabando con el sinfín de aviadores que engorda la nómina estatal, los recomendados de altos funcionarios, sus hijos, sus cuñados, sus sobrinos y hasta las queridas que, de forma complaciente, acomodaron en distintas dependencias sin que tuvieran un trabajo real que desempeñar. Si bien, la mayoría de este personal representa a recomendados y perfiles similares, lo cierto es que también estará afectado a un limitado grupo de profesionales que tenían como principal ingreso esta actividad laboral.
Diversas versiones aseguran que, además de generar un ahorro para las finanzas potosinas, también se estará estirando la rienda de todos los trabajadores sindicalizados quienes, además, estarán recibiendo un aumento a su sueldo de hasta el dos por ciento de forma retroactiva en lo que corresponde a 2020.
