Del mismo modo en que el alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, violentara la integridad y los derechos de la licenciada Teresa Carrizales Hernández, ahora lo hizo el Congreso del Estado, instancia que, valiéndose de su personal de seguridad, mandó reprimir a la abogada que, en un recinto y evento públicos pedía a los diputados locales atender la solicitud de juicio político que se presentó hace varios meses y se encuentra estancada en contra del presidente municipal.
Atónitos ante el abuso de poder y las irregularidades en que incurrieron los diputados, testigos del hecho grabaron cómo una trabajadora del Poder Legislativo intenta bloquear a toda costa a Tere Carrizales, al verse imposibilitada para cumplir su objetivo, la trabajadora opta por abrazar completamente a la abogada para luego azotarla contra un muro, acto seguido la derriba y la deja tirada en el piso.
Minutos antes, Carrizales Hernández había tomado la presidencia del Congreso del Estado, con sede alterna en el Centro de Convenciones, a manera de protesta para exigir justicia por los constantes abusos y las agresiones que se ordena Xavier Nava desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aparentemente, ahora solapadas por los legisladores locales.
Ese día, la abogada estuvo acompañada por representantes de comunidades indígenas y comerciantes que también han sido violentados en repetidas ocasiones por el alcalde capitalino, fueron ellos quienes auxiliaron a Tere Carrizales, aunque todos los diputados se dieron cuenta de lo que ocurría, optaron por hacerse de la vista gorda, por sordearse y hacerse como que la virgen les hablaba, ni siquiera esas diputadas que se la viven pregonando ser defensoras de las mujeres pidieron un cese a la agresión.
Fue en agosto de 2019 cuando Tere Carrizales oficializó la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado en contra del presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, al ser responsable de la agresión que tomó como víctima al profesionista cuando, por capricho y venganza, fue removida injustamente de su cargo como oficial del Registro Civil además del violento procedimiento que realizaron agentes de la Policía Municipal para desalojarla de su espacio de trabajo.
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