“Debajo de cada enfermedad está la prohibición de hacer algo que deseamos o la orden de hacer algo que no deseamos. Toda curación exige la desobediencia a esta prohibición o a esta orden” Alejandro Jodorowsky
Comenzare por decir que desmemoriados como somos, no recordamos o hemos dejado de lado, que el 14 de noviembre de 2016 (día mundial de la diabetes) México declaró la alerta sanitaria EE-4-2016, como resultado de los escalofriantes números de morbilidad asociada a la diabetes mellitus con más 100 mil casos al año.
Dicha alerta es la segunda en lo que va de la centuria y por cierto sigue vigente; tiene como base la prevalencia en obesidad y sobrepeso que tenemos en nuestro país y que nos coloca como el segundo lugar mundial en casos de obesidad adulta y el triste primer sito en los casos infantiles.
Esta contingencia desde luego tiene graves implicaciones en salud, economía, trabajo y convivencia social, ejemplo de ello el impacto en la disminución del PIB asociado a este padecimiento que en México es del 5.3%, más de 2 puntos por encima de sus pares miembros de la OCDE, otro es el costo de atención a dichos pacientes en el sistema de salud nacional, que es mayor a los 100 mil millones de pesos anuales, tanto en tratamientos directos como en cardiopatías, enfermedades renales, motrices (amputaciones), por mencionar algunas.
La afectación de esta epidemia se asocia rápidamente a los factores de riesgo de la tercera alerta sanitaria del siglo XXI, la del COVID -19, ya que las personas que padecen enfermedades crónico degenerativas asociadas al mal del sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de muerte ente el COVID.
Así las cosas, debe quedarnos claro porque la preocupación de detener los contagios de COVID ya que si más del 70% de la población padece sobrepeso y alguna enfermedad asociada no necesitamos ser muy avezados en el tema para ver el desenlace.
En este orden de ideas me es claro la importancia de acciones y políticas públicas efectivas que detengan el avance nocivo del sobrepeso y la obesidad y por tanto de los padecimientos asociados, máxime cuando en el país un tercio de la población infantil y adolecente padece sobrepeso u obesidad.
En honor a la verdad no creo que legislar en sentido de la prohibición sea la solución; típicamente lo que se prohíbe se desea aún más, pero si a la prohibición le sumas la falta de operación es decir la dotación de infraestructura humana, material y financiera para la aplicación efectiva de la norma, pues vamos directo al fracaso de la Ley que para ello se emita.
El que una norma no opere como se debe es lamentable porque no solo no cumplió con su función, sino que además propicia la corrupción al no ser aplicada y con ello violada y por si fuera poco en un Estado donde el ideario popular es que la Ley solo sirve para no cumplirse púes bonito ejemplo damos.
CONCLUYENDO
- Cuando se declaró la emergencia sanitaria en 2016, se propusieron 4 acciones o políticas públicas en materia de salud por parte de la Secretaría del ramo con base en las recomendaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
- El INSP previo a que terminara la administración federal 2012-2018, emprendió una evaluación en la aplicación de las políticas públicas implementadas para atender dichos padecimientos, arrojando resultados de lo que sí y no dio los resultados esperados, con datos sumamente interesantes e importantes de evaluar para mejorar el plan de acción ante el sobrepeso y la obesidad.
- Ya vivimos la primera oleada de prohibiciones de alimentos chatarra en las escuelas sin que el resultado haya sido el deseado, precisamente por la falta de infraestructura material, humana y financiera para que el estado revise dichas políticas que se impuso por medio de la legislación vigente.
- Por favor legisladores locales revisemos a fondo lo que los expertos señalan en el tema, no inventemos leyes ya no magullemos más el estado de derecho con instrumentos legales que por políticos son inoperantes.
