El caos, la anarquía, los daños y la destrucción ocurrida el pasado viernes 5 de junio en la sede del Congreso del Estado fueron minimizados de forma importante por las autoridades de justicia en el estado de San Luis Potosí luego de que este domingo quedaran en libertad los responsables de dichos actos vandálicos.
Según se informó, esta mañana, durante la audiencia de control, al solicitar la judicialización de la carpeta, los abogados solicitaron prisión preventiva para los detenidos a quienes se les imputaban los delitos de motín, daño a las cosas y daño a las cosas equiparado, más el agravante de exposición de peligro de la vida por el uso de explosivos, facultad atribuida a los jueces para concederlo, sin embargo, la autoridad a cargo, el juez Mario Daniel Torres Humara, desechó la petición de los abogados y emitió una resolución para vincular a proceso a los imputados dándoles la oportunidad de que enfrenten su proceso en libertad.
Pese a que el hecho fue notorio, social, mediático y de interés público el juez emitió la resolución en cuestión, aparentemente porque la Fiscalía General del Estado no acreditó, con medio alguno, la necesidad de imponer la medida de prisión justificada.
Según personal del juzgado; el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, dio la “línea” para que los imputados fueran liberados debido a los nexos de sus protectores con el Gobierno Estatal como es el caso de un señor de nombre Michel y el diputado Pedro Carrizalez “Mijis» en lo que se considera como una licencia para atentar contra los edificios públicos patrimonio del estado ante la cobardía del presidente del poder legislativo, Martín Juárez Córodva, y la mayoría de los diputados que han guardado silencio tras los hechos.
El Poder Judicial, una vez más, demuestra que es una puerta giratoria que da impunidad a los delincuentes; en este caso con evidentes y contundentes pruebas, testigos y evidencias.
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