El pasado jueves 21 de abril se dio a conocer de manera masiva la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí con el objetivo de dejar sin efecto la reforma autorizada en el Congreso del Estado para impedir que los municipios lucren, busquen beneficios o hagan mal uso de los bienes e inmuebles públicos, ya sea por medio de la renta o enajenación de los mismos.
La reforma consistió en modificar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, entre ellos el 115, en donde se especificó que los ayuntamientos podrían celebrar contratos que pudieran comprometer los bienes y servicios públicos sin contar con la autorización correspondiente del Poder Legislativo Local. La controversia impulsada por el Ayuntamiento de la capital se enfocó en la derogación de este apartado.
En cuanto se reveló la sentencia, el alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios, celebró la resolución argumentando que era una manera de confirmar la autonomía de los municipios además de que, con ello, se refrendaba la facultad del propio Ayuntamiento para tomar las decisiones que considere pertinentes para el desarrollo de su administración, sin embargo, lo que al alcalde realmente le emocionó fue la posibilidad de disponer a su antojo de los bienes municipales pues, con la resolución, evitaba la aduana de los diputados y tenía el camino libre para hacer y deshacer a su gusto.
Lo que el edil no tomó en cuenta es que existe un reglamento preciso para este tipo de temas en el que se detalla que cualquier proceso que comprometa el patrimonio de los potosinos debe ser avalado por el Cabildo, no puede ser una decisión autoritaria ni unilateral. Este hecho fue confirmado por el regidor Christian Iván Azuara Azuara quien detalló que, en caso de que se busque enajenar un bien municipal se deberá contar con la aprobación de la mayoría simple de los integrantes del Cabildo pero, si se trata de inmuebles, deberá se avalado por la mayoría calificada. En otras palabras, para vender terrenos, deberá recibir el visto bueno de dos terceras partes de este órgano municipal.
La controversia constitucional quizá no le abrió el camino por completo a Nava Palacios, quien no contaba con este obstáculo, lamentablemente, lo que sí es un hecho es el enorme costo que tuvo para los potosinos la presentación del recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia pues, según consta, el Ayuntamiento de San Luis Potosí gastó nada más y nada menos que cinco millones de pesos al abogado que se encargó de este tema; el panista Alejandro Zapata Perogordo, quien ya en varias ocasiones se ha visto beneficiado con acciones similares.
El Congreso del Estado ya no podrá frenar la ambición del alcalde, la responsabilidad recae en manos del Cabildo en donde ha habido una importante división y constantes enfrentamientos por la manera en que se manejan los temas de la vida pública de la capital potosina.
