Comuneros de San Juan de Guadalupe acusaron al presidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, de incurrir en desacato al violentar e incumplir un amparo que les concedió la justicia federal para detener el proceso de consulta para la generación de un nuevo plan del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí.
Encabezados por Rodolfo Valdés García, los comuneros aseguran que el amparo se les concedió de plano y que el Ayuntamiento debió suspender el proceso de consulta para las modificaciones al plan de desarrollo, lo que significa que Nava Palacios y su Cabildo han incurrido en un delito conocido como desacato.
Los representantes de la comunidad de San Juan de Guadalupe dicen que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) que dirige Fernando Torre, en complicidad con el edil, ignoran la suspensión de plano, correspondiente al amparo 70/2020, otorgada a favor de la comunidad.
Afirman que todo indica que el alcalde tiene como único interés facilitar el desarrollo de Plan San Luis en una zona contaminada, como son los terrenos de la Industrial Minera México, donde por más de 100 años se usaron productos químicos contaminantes.
Dicen que pareciera que Nava Palacios tiene la intención de afectar a la comunidad de San Juan de Guadalupe, pues desde octubre del año pasado le pidieron que zonificiara para delimitar 8 mil de 14 mil hectáreas como reserva natural; y así, permitir que puedan seguir adelante proyectos inmobiliarios que incluirían la donación de terrenos para construir una vía alterna a la zona industrial.
“Pedimos piso parejo”, dijeron a codigosanluis.com, “los comuneros somos gente de bien que queremos trabajar y progresar”. Por eso, solicitaron la instalación de mesas de trabajo con el Ayuntamiento, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y el IMPLAN, por que hasta ahora solo nos da largas el municipio y el IMPLAN, “no hay voluntad”, sostienen.
Finalmente, los comuneros dijeron que San Luis Potosí necesita un pulmón y que ellos están dispuestos a dar sus terrenos, 8 mil 600 hectáreas que podrían constituir oxigeno puro para los potosinos, a cambio de liberar 2 mil 500 hectáreas para un proyecto de desarrollo en el que los comuneros son socios, en una oportunidad de futuro a la que tienen derecho.
Al momento, las autoridades municipales no responden a los comuneros y continúan en su consulta en un periodo ampliado.
