En conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, la Asociación Voz y Dignidad Por los Nuestros SLP realizó una marcha en Matehuala y Ciudad Valles. La presidenta Edith Pérez Rodríguez señaló que la organización brinda acompañamiento en trámites a más de 200 personas en todo San Luis Potosí y algunas en los estados cercanos.
Desde temprano, instalaron un módulo de atención en la plaza Juárez de Matehuala donde entregaban panfletos de las personas a las que buscan, al igual que ofrecían información a todo aquel que se acercara. El colectivo que radica en Ciudad Valles hizo lo propio y marcho por el bulevar México – Laredo, para entrar por la calle Juárez y dirigirse a la Presidencia Municipal donde se instalaron.
En apoyo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado acudieron en estos movimientos para brindar toda la información necesaria para que los familiares con personas desaparecidas puedan continuar con su búsqueda.
Esta asociación cuenta con el apoyo de Gobierno del Estado y de la Fiscalía. De acuerdo con su dirigente, la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas les ha brindado apoyo desde su creación en 2017. Además, el Ejecutivo estatal ha brindado recursos para los campamentos de búsqueda de desaparecidos que se encuentran en municipios como Moctezuma y Tamasopo.
Entre los muchos casos que atienden desde su creación en 2012, se encuentra el de dos camiones que viajaban hacía los Estados Unidos que desaparecieron en su camino. En estas unidades viajaban 80 personas de las cuales ya no se ha sabido nada.
Edith relata que el colectivo nació por la necesidad de buscar a varios miembros de su familia que fueron víctimas de desaparición forzada y en su andar muchas personas se unieron a su causa, en un tiempo en que la Policía Ministerial no brindaba certeza para encontrar a sus familiares.
Se estima que en el país hay más de 32 mil personas desaparecidas; tan sólo en 2018, en San Luis Potosí, desaparecieron alrededor de 970 personas que fueron reportadas ante la Fiscalía General del Estado y es probable que, en los últimos 10 años sean más de cinco mil personas.
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