Luego de que en un primer intento los diputados abortaron la aprobación de créditos con BANOBRAS a 18 municipios por un monto de 258 millones 876 mil 492 pesos, para este jueves los legisladores que presiden las comisiones Primera y Segunda de Hacienda Municipal, la de Hacienda del Estado, Gobernación y Desarrollo Municipal, encabezarán una reunión con los alcaldes que buscan endeudar a sus ayuntamientos, como mero trámite, pues tienen listo un dictamen aprobatorio, sin siquiera saber para qué quieren los dineros.
Eduardo Martínez, conocido como el profe Lalo, alcalde de Xilitla, pide prestados 63.6 millones de pesos; Carlos Arrieta de Tancanhuitz quiere 23; Brisseire Sánchez de Tampacán, 19; Erik Verástegui de Santa Catarina, considerado el municipio más pobre de San Luis Potosí, quiere 18 millones; y Erika Briones de Villa de Reyes, 14. Ellos son los que más piden,
Federico Monsivais de Ahualulco pretende un crédito de 12 millones 566 mil; Jorge Omar Muñoz, de Cárdenas 5.6 millones; María Guadalupe Carrillo, alias la Chiquis, va por 5.4 millones; María Leticia Vázquez de Cerritos, por 9 millones; Eliseo Rodríguez de León de El Naranjo, pide prestados 8.3 millones; y José Antonio Olivares Morales, consentido del góber, de Huehuetlán, pide 16.5 millones.
Antonio Venancio Páez Galván de Salinas, va por 13.8 millones; Jesús Josué Soni Cortés, de San Vicente, solicita 10.1 millones; Moisés Aurelio Tovar, de Villa de Arista, va por 8.4 millones; y Juan López Blanco, de Villa de Guadalupe, por 12.6 millones; María Teodora Reyes Infante, de Villa Juárez, quiere endeudar a su municipio con 7.3 millones; Alejo Olvera de Lagunillas, sólo va por 5 millones 280; Margarito Chavarría de Tierranueva, por 5 millones 27 mil.
Ante BANOBRAS, que es la institución que otorgaría los créditos, Gobierno del Estado, encabezado por Juan Manuel Carreras, funge como intermediario y aval. Los cargos serían soportados con los recursos del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFFEF) y por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISM). Según las condiciones, el monto debería pagarse antes de que concluya la administración de los solicitantes.
Los presidentes municipales asistirán a comparecer ante los diputados para explicar para qué quieren el dinero, aunque los legisladores, en su dictamen, concluyen que pueden destinarlos a agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y otras acciones cuyos lineamientos emita la Secretaría de Desarrollo Social.
Los diputados y los alcaldes violentan, con este procedimiento, la nueva Ley de Disciplina Financiera, sus propios Planes de Desarrollo Municipal, con los que obviamente no empatan las solicitudes de crédito, la ley de Responsabilidad Administrativa y la ley de austeridad republicana que emitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Ni alcaldes ni diputados tienen sobre la mesa las corridas financieras ni las condiciones de pago, pero en el dictamen, listo para votarse fast track en segunda oportunidad, se asegura que los cerditos se otorgarán a tasa fija y luego se contradicen, pues recuerdan que el FISM, no son ingresos de libre disposición, los recursos vienen etiquetados, por lo que “resulta ocioso determinar una capacidad de pago”.
Y por si el mundo no fuera lo suficientemente grande, con gran autoridad, al final del dictamen, los señores diputados rubrican con un gracioso transitorio segundo:
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al siguiente decreto.
