A pesar de que desde el 17 de diciembre de 2016 la legislación potosina otorgaba permisos para transporte privado de personas a través de aplicaciones móviles, previo registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la aplicación internacional UBER hizo caso omiso a tal requisito para trabajar en San Luis Potosí, lo que provocó una guerra entre socios conductores y taxistas en la que policías estatales, metropolitanos e inspectores de la SCT cargaron la balanza a favor de los ruleteros. Dos años más tarde UBER inició un proceso de amparo en contra de las leyes potosinas, Gobierno del Estado, Congreso del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; no se quieren registrar.
A principios de 2019 la aplicación inició el proceso de registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, como marca la Ley, con lo que se pondría fin a la persecución en contra de sus socios conductores, el proceso nunca se concluyó. Los representantes legales de UBER suspendieron el registro y promovieron un amparo en contra del decreto 444, votado por la LXI Legislatura del Congreso del Estado en la que se explican los lineamientos para brindar el servicio en SLP, en contra de Gobierno del Estado por haber publicado el decreto 444 en el Periódico Oficial del Estado y contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por exigir el registro a las plataformas digitales.
En esta infructífera lucha entre el gobierno potosino y la aplicación UBER, quienes salen perdiendo son los socios conductores pues además de padecer las cacerías de inspectores de SCT, policías y agresiones de taxistas, cuando son detenidos deben pagar 4 mil 800 pesos por arrastre del vehículo por grúas previamente arregladas con la dependencia estatal que en otras circunstancias cobraría 400 pesos, pero que gracias a “negociaciones en lo oscurito”, incrementándose el costo 11 veces más, es decir propietarios de grúas hacen su agosto con socios conductores de UBER, ya que les cobra por arrastre mil 100 veces más que un servicio normal, a esto se debe sumar el corralón, que también se cobra aparte.
Además del abusivo cobro de arrastre, no regulado, pero sí solapado por SCT, se suman arreglos a la carrocería del vehículo y gastos médicos si es que el chofer sufrió agresiones físicas por parte de los opositores, así como los alrededor de 35 mil pesos de multa.
A pesar de esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asegura la controversia con UBER no es un tema de dinero ni de negocios pues bastaría con que la aplicación concluya el proceso de registro para que tenga licencia de funcionamiento y brinde el servicio a los usuarios potosinos. Por supuesto la SCT omite hablar de las afectaciones a los socios conductores.
Sobre el recurso legal, Uber declaró que:
Uber ingresó un recurso de amparo contra diversos artículos de la legislación potosina que establecen conceptos que ya han sido declarados inconstitucionales por tribunales federales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La disputa entre el gobierno potosino y UBER deja en la indefención a los socios conductores, pero también a los usuarios de la aplicación que la prefieren por sobre el servicio de taxi.
