El juicio contra Cayeyo exhibió más que errores periciales, mostró que la corrupción que por años ha lastimado la procuración de justicia permanece en las Instituciones.
En la transición al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Fiscalía General tuvo diversos cambios en su administración y normatividad. Los funcionarios, agentes de ministerio público, policías y peritos, entre otros, tuvieron que tomar cursos y capacitación exprés para conservar sus empleos, en ese proceso varios buenos servidores públicos perecieron, fueron despedidos o removidos a otras áreas (de acuerdo a testimonios). Fue así que, en el intento de evolución permanecieron malos hábitos y actuaciones deshonestas que esa dependencia ha tenido por años.
Durante el juicio de Eduardo “Cayeyo”, fue duramente cuestionada la actuación de peritos y ministeriales, recalcando la escueta o nula formación académica de algunos de ellos, lo que de acuerdo a los abogados defensores repercutió en los resultados periciales. Sin embargo, el Tribunal consintió esta carencia al considerar como certeros, confiables y de calidad todos los dictámenes emitidos por los peritos de la Fiscalía.
La situación de la perito Celia “N”, fue la más controversial, porque siendo Contadora Pública ha realizado alrededor de 400 peritajes de criminalística, y aunque dijo haber tomado cursos de esa disciplina no se comparan con los conocimientos que se adquieren en una licenciatura.
Esos 400 peritajes pudieron ser dictaminados en un contexto de ilegalidad, nuestra investigación indica diversas inconsistencias en el ingreso y registro como perito.
De acuerdo a nuestros datos, Celia labora en la Procuraduría desde el año 2017, bajo el régimen de honorarios por servicios profesionales, no está en la planilla de peritos de la Fiscalía, no se especifica el área o las funciones que desempeña, en el proceso de contratación alguna autoridad tuvo que percatarse de sus estudios como Contadora Pública, y aún así fue asignada a Servicios Periciales.
Revisamos el padrón de peritos autorizados en el primer semestre 2017 (enero-junio) publicado en el Periódico Oficial y su nombre no aparece en esa lista, es decir, que posiblemente Celia emitió el dictamen del caso Cayeyo (5 de mayo 2017) sin ser perito o sin estar registrada oficialmente.
Su nombre está en el padrón en el segundo semestre 2017 (julio-diciembre). Lo que pone en duda la legalidad y formalidad de los peritajes que posiblemente realizó en ese periodo.
Ahora bien, Celia debió pasar varios filtros para estar en el Registro Estatal de Peritos, área que depende de la Dirección General de Gobernación y que dirige José Roberto González Rubio. Es necesario presentar una solicitud* con documentos que avalen estudios relativos a la disciplina, así como el respaldo de una asociación o colegio para comprobar la trayectoria profesional. El permiso y registro se otorga por un comité presidido por el Secretario de Gobernación, Alejandro Leal Tovías. ¿Qué autoridad avaló a Celia para otorgarle el registro sin licenciatura?
Otra manera de tener registro de perito es a través de la convocatoria que publica la Fiscalía, durante el juicio de Cayeyo, Celia dijo haber ingresado a la Fiscalía de esta manera.
El 28 de abril de 2017, la entonces Procuraduría publicó una convocatoria para participar en el “proceso de Reclutamiento, Selección y Admisión al curso de Formación para Perito” a través del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGJSLP que dirigía en ese entonces Verónica Socci, siendo su superior Marisela Meza la actual vicefiscal.
Se registraron 65 aspirantes, los cuales cumplieron varios requisitos, uno de ellos el Título Profesional acorde al área elegida. Para septiembre, la lista se redujo a 36 personas y para noviembre sólo 5 aspirantes habían completado los requisitos y exámenes de control y confianza. Pero jamás se hizo pública la lista de los seleccionados, en todo el año 2018 ese rubro (Convocatorias 84XIX) se mantuvo con la leyenda “en proceso” y hasta hoy permanece igual, por lo que está en opacidad quiénes fueron los aspirantes que lograron ingresar a la Fiscalía como peritos, tal vez Celia fue de los seleccionados, pero, ¿por qué fue admitida si no cumplía con los requisitos?
¿Cómo fue entonces que Celia obtuvo el registro de perito en criminalística siendo Contadora Pública? Es probable que en el proceso existió alguna corruptela y tal vez haya sido dentro de la misma Secretaría de Gobernación, porque encontramos que en listados siguientes se falsea la información acerca de su carrera y Celia aparece como licenciada en Criminalística.
Cabe señalar que además de Celia, otros peritos que participaron en el juicio Cayeyo, no aparecen dentro del listado de servidores públicos de la Procuraduría en el 2017, aunque sí están como peritos particulares en el padrón, tal es el caso de Víctor Yannich, Liliana y Manuel Arturo.
En este lapso Celia ha realizado 400 dictámenes en criminalística de campo, como levantamiento de cuerpos, registro fotográfico, procesamiento de lugares, mismos que podrían ser cuestionados y refutados por las inconsistencias en su registro y nombramiento.
El caso de Celia no es el único, hay un gran número de hechos dudosos en la procuración de justicia, iniciando en la investigación, no hay certeza de que las diligencias estén realizadas con apego a la ley, y revisando la lista de peritos hay varios que aparecen sin licenciatura, además de que el trámite para registro lleva meses en modificación e total opacidad.
