El Delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, dio a conocer que en San Luis Potosí, 350 empleados de ese órgano electoral serían despedidos si se aprueba el llamado «Plan B» del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Pero en todo el país los trabajadores del INE ya preparan su defensa legal”, afirmó.
En conferencia de medios dijo que esa iniciativa de reforma electoral afectará profundamente al INE, los procedimientos y las condiciones de la contienda.
Señaló que por esa razón los 11 integrantes del Consejo General del INE salieron a respaldar la defensa de la institución y la legislación vigente.
Y es que, Aispuro Cárdenas dijo que el “Plan B” vuelve imposible la operación de una elección en términos de la calidad democrática a la que estamos acostumbrados, como son elecciones libres, justas, claras y compartidas.
Dijo que esta reforma parte de una visión «economicista» y desde la visión de uno solo de los jugadores, por eso, el pronóstico no es bueno
En el encuentro con medios de comunicación Aispuro Cárdenas entregó un documento denominado Impacto e Incidencia del proyecto de Reforma Electoral 2022-2023.
En él se detallan las afectaciones al instituto, “entre ellas, la desaparición de las 300 juntas distritales ejecutivas, entre las que están las siete juntas de San Luis Potosí. Igualmente implica la desaparición de las vocalías en general”.
Lo anterior implica que en los trescientos distritos quedaría un sólo responsable y el nombre cambiaría de Juntas distritales a oficinas auxiliares. “El problema es que ese sólo personaje que se llamaría Vocal operativo se encargaría de organización, capacitación, registro, asambleas de partido, de todo, entonces es una trepanación mayor”, señaló.
Apuntó también que la propuesta de reforma tiene cambios en los procedimientos electorales, “por ejemplo, conforme a dicha iniciativa el proceso electoral arrancaría la tercera semana de noviembre, esto apretaría mucho los tiempos, mientras hoy tenemos un proceso que dura 9 meses, conforme a este Plan B duraría 6 meses”, sostuvo.
Aispuro Cárdenas alertó también sobre las condiciones de la contienda, “limita al INE sancionar algunas conductas ilícitas, quitan las sanciones a los partidos políticos y les permiten guardar el dinero que se les entrega anualmente sino lo gastaron, lo que generaría disparidades en términos presupuestales, porque entonces un partido podría hacer su cochinito y cuando llegué la elección sacarlo y habría distorsión en términos de equidad de la competencia electoral”, consideró.
El delegado del INE en San Luis Potosí dijo que para esta reforma no se consultó a los pueblos originarios y personas con discapacidad por lo que es de esperarse que los tribunales la desestimarán.
Por último Aispuro Cárdenas sostuvo que esta reforma no cuenta con el consenso y diálogo parlamentario, por lo que auguró su fracaso, “el INE es perfectible pero su transformación debe partir desde un diálogo nacional y deliberación, eso era lo prudente y sensato”, concluyó.
